martes, 8 de noviembre de 2016

ESPAÑA: En las proximas semanas podré dar la noticia de que en la sede socialista de Ferraz -- Amancio Ortega instalará un ZARA -- Despues de mas de 30 años sin dar al edifcio una vida útil -- el traslado de la sede del Psoe S.A. a la carcel de Alcalá Meco será realidad -- ja ja ja -- "Demasiados ladrones para una sola carcel" -- Eso creo yo -- ja ja ja Borja Thyssen: vagos ricos y maleantes -- Nombre de la nueva serie de Mediaset -- Ésto es España.

Borja Thyssen se enfrenta a tres años de cárcel por un fraude de 600.000 euros 


Borja Thyssen dejó de tributar casi 600.000 euros, correspondientes a una parte de los 1.4 millones de las exclusivas vendidas a una revista del corazón en el ejercicio 2007. 
Dado que la cantidad presuntamente defraudada supera los 120.000 euros en un solo ejercicio, se considera un delito fiscal que supone -de probarse y ser condenado- tres años de cárcel y 1.2 millones de euros (el duplo del supuesto fraude). 

El hijo de la baronesa presuntamente ocultó una parte del dinero obtenido con las exclusivas de su boda y el bautizo de su primer hijo en una revista del corazón. 
Sin embargo y siempre y cuando Borja no cuente con antecedentes penales, no es probable que, aun siendo condenado, entre en prisión al pedirle solo tres años. 
Se abren las especulaciones sobre qué relación tiene esta información con el hecho de que Borja, su mujer y sus hijos se hayan marchado a vivir a la capital británica. 
Asimismo, a nadie se le escapa la incomoda situación de la baronesa viendo a su único hijo contra las cuerdas y en qué medida utilizará su influencia la dueña de la colección Thyssen para ayudarle en esta complicada situación.

El hijo de Carmen Cervera no habría residido en Andorra, tal y como sostenía en su defensa, los 183 días al que la ley le exige para tributar fuera de España. El escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press mantiene que fingió una mudanza para cobrar los 1.4 millones de euros que al parecer le pagó el semanario Hola a través de una empresa domiciliada en el estado Nevada (Estados Unidos).

De acuerdo con el documento, Borja percibió 1.400.000 euros procedentes de la venta de exclusivas y reportajes y con el fin de eludir la correspondiente tributación por esas rentas obtenidas, utilizó para una entidad domiciliada en Las Vegas.

El ya famoso despacho panameño Mossack Fonseca fue el encargado en diciembre de 2006 de crear la sociedad, tal y como aparece en los llamados 'Papeles de Panamá'. Thyssen no tomó el control de la firma hasta septiembre de 2012, cuando se acogió a amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro.

La Fiscalía no da por buena la versión de Borja, y no se cree que el hijo del barón residiese en Andorra: tenía contratada su seguridad personal en España, era el titular de una tarjeta de crédito expedida por un banco español, con la que realizó ese ejercicio gastos que acreditan su presencia en territorio español, y atendió con ese instrumento gastos como las facturas de teléfono, gas o electricidad.

¿Hacienda somos todos? ja ja ja ¡¡No jodas!!


Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es

lunes, 7 de noviembre de 2016

ESPAÑA: Al partido socialista S.A. no le queda otra que expulsar del Psoe a todos los "dinamiteros" con susana diaz ¡¡Omaita!! a la cabeza y detras a : felipe gonzález, j.l. cebrián, pepe bono, chaves, griñan, zarrias y algunas decenas de mafiosos mas -- que lo único que les importa es no terminar en la carcel -- Aunque mas tarde o mas temprano tienen que ser procesados -- condenados si procede y embargados todos sus-nuestros bienes -- de ellos y de sus familias. El equipo de Ana Botella (PP S.A.), regaló al fondo buitre Blackstone 13 propiedades camufladas en el lote de viviendas sociales.


¡¡Quiero Justicia!!

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas recalca que los "inmuebles no vinculados" a los 1.860 pisos en venta e incluidos en la operación pasaron de 76 a 89 -- 
sin que el precio subiera ni un euro. HdP

¡¡Quiero Justicia!! Ya

Existen indicios más que fundados jurídicamente de la responsabilidad en la venta de viviendas sociales de Madrid a fondos buitre durante el gobierno municipal de la popular Ana Botella. Al menos así se desprende del informe que la fiscalía del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid observa en esta venta supuestamente fraudulenta de 1.860 viviendas sociales por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). El Tribunal de Cuentas ha decidido abrir diligencias preliminares después de que el Ayuntamiento de Madrid enajenara durante el mandato de Botella un total de 1.860 viviendas de alquiler en 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Magic Real Estate Blackstone, gestionado en España por Fidere.

La supuesta operación de venta al fondo buitre por parte del consistorio madrileño se remonta exactamente al 20 de junio de 2013, cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno la venta de las citadas 1.860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, después de haber valorado supuestamente cuatro ofertas de empresas. Todas ellas se recepcionaron en la EMVS sólo seis días antes.

Tras una negociación de 20 días y la rebaja de dos millones sobre el precio que la empresa presentó al realizar la oferta, el fondo buitre adquirió el paquete de viviendas sociales a través de la empresa Fidere por valor de 128,5 millones de euros. Además de las 1.860 viviendas, se incluyeron en la operación 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros.

Ahora, la fiscalía del Tribunal de Cuentas, en un auto fechado el 19 de octubre, concluye que “la enajenación de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado”. A causa de lo que considera una “deficiente gestión” en todo el proceso, el Tribunal de Cuentas eleva el posible quebranto económico que podrían haber originado aquellas decisiones “a 2,3 millones de euros, respecto de lo que, al menos para la propia compradora, era el valor de mercado”.

Albert Rivera tan contento votando con el PP S.A. "Castuzo"

La venta de las viviendas sociales al fondo buitre sirvió, entre otras operaciones, al Ayuntamiento de Madrid, entonces en manos del PP de Ana Botella, para saldar una parte de la deuda municipal, que se elevaba a unos 630 millones de euros.

En la citada notificación del 19 de octubre, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas da traslado al Ministerio Fiscal y al representante legal de la EMVS de la notificación de las irregularidades observadas. El fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, parte del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid, que subraya que las ventas a entidades jurídicas “no eran posibles conforme al Reglamento de adjudicación que estuvo en vigor has el 30 de octubre de 2012”.

El pasado septiembre concluyó la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid durante la gestión de Botella al frente del consistorio. La no asistencia de muchos de los cargos municipales más directamente implicados evidenció el manto de silencio con el que los dirigentes populares del consistorio madrileño intentan cubrir el escándalo de la venta de estas viviendas sociales al fondo buitre.

¡¡Castuzas!!

A esta sesión de investigación no solo no acudió la propia ex alcaldesa popular y máxima responsable de la venta de las viviendas sino tampoco la ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración de EMVS, así como el ex consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, o Ana Gomendio López, responsable de la Consejería de Vivienda de la Comunidad Madrid. Tampoco dieron su versión en la comisión de investigación los concejales populares Pablo Cavero y Borja Carabante. Ni el ex director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen. Silencio absoluto ante un problema que puede dejar en la calle a miles de familias tras esta operación urbanística especulativa.

Las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la Deuda de Madrid, respecto a la venta de 18 promociones de viviendas de protección oficial a fondos buitre, destacaba que la venta de estos inmuebles supuso, en el mejor de los casos, un desfalco patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid por valor de 31 millones de euros, una cantidad que podría elevarse hasta los 162 en el peor de las situaciones posibles.

El Ministerio fiscal solicitó en septiembre al presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid que comunicara su criterio sobre este asunto y remitiera al órgano fiscalizador los documentos pertinentes que avalen la presunta responsabilidad contable de los antiguos gestores municipales y se pueda determinar si se inician acciones contra ellos.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, acusaba a la EMVS de “deficiente o mala gestión” en la venta de los inmuebles que habría “afectado a los intereses públicos”. La Cámara de Cuentas puso el foco sobre los 128,5 millones de euros que implicó esta operación ejecutada por el Gobierno de Ana Botella en 2013.

La solicitud de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en julio coincide con una de las recomendaciones del dictamen que los grupos municipales Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han hecho llegar al consistorio de la capital. En ella instan a “proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo 45 como gestores de los caudales integrantes de la EMVS han generado perjuicio a los caudales”.


Ésto es pura y simplemente terrorismo economico y financiero
¡¡La botella y el botellin!! Malditos sean

¡¡Gentuza!!


Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es

domingo, 6 de noviembre de 2016

ESPAÑA: Andalucía es un filón sin explotar por la "Novela negra ibérica" -- Una autentica tormenta perfecta literaria -- La mezcolanza de: políticos, sindicaleros, curritos, turismo, nepotismo, jueces y policías. Recuerden que la realidad siempre acaba superando la ficción -- El caso Aznalcóllar, un nuevo vaparalo a la policía nacional tras los ERE -- ja ja ja ¿Tiene algo que decir Albert Rivera?. Ciudadanos protege a susana diaz - Omaita

La directora general de Minas, María José Asensio, uno de los cargos imputados

La Magistrada Doña Patricia Fernández anuncia ocho nuevas imputaciones por el concurso de la mina de Aznalcóllar

¡¡Gentuza!!

La historia se repite. Primero fueron los ERE y ahora Aznalcóllar. 

Por segunda vez, el Cuerpo Nacional de Policía se ha visto apartado de una gran causa judicial después de meses de investigación y por orden de la juez instructora.

La decisión de la magistrada Patricia Fernández, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, de encargar las investigaciones sobre el concurso minero de Aznalcóllar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha caído como un jarro de agua fría en la el seno de la Policía Nacional, cuya Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha llevado el peso investigador desde que se abrieron las diligencias en 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por la empresa que perdió, Emerita Resources.
Sin explicación y sin un motivo aparente, la juez Fernández dejó fuera del caso a la Policía Nacional en el auto por el que reabrió esta semana el procedimiento una vez que la Audiencia Provincial de Sevilla anuló el archivo de la causa al observar «ilegalidades severas» en el procedimiento seguido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo para adjudicar los derechos mineros del yacimiento sevillano.
En dicho auto, la magistrada acordó encomendar «el desarrollo de la labor de auxilio judicial» a la UCO en detrimento de los policías que hasta ahora habían trabajado a sus órdenes. 

Más aún, la juez Fernández daba instrucciones a la UCO para que centrase sus pesquisas en aclarar el papel «real» desempeñado por la empresa Minorbis, filial del grupo cordobés Magtel, en la operación ante la sospecha -puesta de manifiesto ya por la Audiencia sevillana- de que hubiese sido un mero «intermediario» al objeto de que la mina acabase en manos de Grupo México, como finalmente ha sucedido.
Precisamente, la redactora del auto de la Audiencia que ha reabierto el caso Aznalcóllar, la magistrada Mercedes Alaya, fue quien a mediados del año 2011 arrebató el caso de los ERE a la Policía Nacional para entregárselo a la UCO de la Guardia Civil, exactamente lo mismo que ha sucedido ahora.

En ambos casos, el responsable de la investigación era el mismo inspector jefe de la Policía Nacional, que tras la decisión de Alaya fue destituido como responsable de la unidad adscrita a los juzgados.«O quedamos como policía política que no es fiar o como incompetentes, no sé qué es peor», ja ja ja, confesaba un oficial de la Policía.

Los sindicatos policiales también han expresado su enfado y, sobre todo, su incomprensión y sorpresa por lo sucedido, ja ja ja .El Sindicato Profesional de Policías (SPP) destaca, precisamente, la ausencia de explicaciones en el auto judicial. «Respetamos y acatamos la decisión, pero hay cierto malestar por la falta de información», señaló el portavoz del SPP, Jesús Andrés, quien añadió que la expulsión del caso ha provocado asimismo «frustración por no entender lo que ha pasado».
En el mismo sentido, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su «indignación» por el hecho de que la magistrada no dé los motivos por los que entrega el caso a la UCO «cuando la investigación se ha hecho de forma rigurosa», destacó el secretario general en Andalucía, Antonio Beato. ja ja ja
"Los sindicaleros están preocupados" ja ja ja

"Dos eran dos las hijas de elena -- 
Dos eran dos y ninguna era buena" ja ja ja

¡¡Una parte de la banda que dinamitó la Psoe S.A.!! "Marrano rajoy les quedó muy agradecido"

¡¡Será por maleantes"


Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es

sábado, 5 de noviembre de 2016

ESPAÑA: ¡¡Por mucho que se empeñen -- del cruce de dos cabestros (PP - Ciudadanos) no puede salir un toro bravo!! -- La empresa familiar de la nueva ministra de Sanidad figura en la lista de morosos de Montoro -- Tiene algo que decir Albert Rivera -- Belén Estéban ha conseguido del Juez que instruye la causa contra "el toño sanchis" y su esposa -- el embargo de todos sus bienes -- ¡¡Bravo!! Brindo por ello -- Estoy de maleantes hasta "el gorro"


¿De qué te ries ministra? -- Joder que tropa

. La familia de la nueva titular de Sanidad, Dolors Montserrat, figura en la última lista de morosos que publicó Hacienda. 
Dicha sociedad, ‘Montserrat Operador Logístico', tiene una deuda con el fisco de 2.305.822,98 euros.


¡¡A las ratas no les gusta la luz!! Fallo o manipulación

Cuando se sacan a la luz líos de familia, poco importa que se hable de senadores o ministros -- Casta "al fin y al cabo" -- Simplemente castuzos y maleantes

Dicha empresa ya aparecía en la primera lista publicada por el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, publicada en diciembre, con una deuda de 1.277.896,03 euros.

El administrador único de la empresa es el hermano de la recién nombrada ministra de Sanidad, Jaume Montserrat. Además, entre los apoderados figuran su madre, Dolores Montserrat Cullere, una histórica dirigente del Partido Popular de Cataluña.

Una lista que a día de hoy solo es posible consultar en algún que otro medio de comunicación --y que puedes consultar aquí--. Cuando se intenta consultar en la web de la Agencia Tributaria, este es el resultado: 

¡¡Cagate lorito!!

Dolors Montserrat no comunicó ninguna participación en dicha empresa en su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados.

‘Montserrat Operador Logístico' presentó concurso voluntario de acreedores el pasado 17 de junio al no poder atender a sus deudas. 
Estos HdP tienen la misma sensibilidad que una piedra

"Parece que teneis mala cara" -- Pues esto no es nada para la que os espera


Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es

ESPAÑA: Aquí teneis una prueba mas de que el PP S.A. no tiene votantes, tiene clientes, cuando no, accionistas -- El Gobierno aprobará con urgencia un decreto para subir el sueldo a los funcionatas -- Antes lo hizo con las comunidades autonomas presididas por la Psoe S.A. -- en agradecimiento por la defenestración de "Perro" sanchez -- La PSOE S.A castiga a Margarita Robles y le quita la presidencia de la Comisión de Justicia por romper la disciplina de voto en el debate de investidura. Zaida Cantera dejará de ser portavoz de Defensa -- La burguesia estalinista continua la "purga"

El Ejecutivo se ha propuesto dar luz verde a varias medidas presupuestarias urgentes en los primeros Consejos de Ministros de la nueva legislatura.

El ruido no es bueno para el "negocio"

Por eso, en las próximas semanas aprobará el techo de gasto como paso previo a la elaboración de los Presupuestos, convocando antes un Consejo de Política Fiscal y aprobando un decreto ley para acometer esa actualización.

Subida de sueldo a los funcionarios
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Hacienda tiene previsto aprobar también este mes de noviembre un decreto ley, sujeto a pactos con el resto de grupos parlamentarios, en el que se incluirán medidas de naturaleza presupuestaria.

Entre ellas, figura una subida en la retribución de los funcionarios para el próximo ejercicio, además de la consabida revalorización de las pensiones un 0,25% que se debe aplicar cada principio de año porque viene impuesta por ley.

El alza salarial que los representantes de la Función Pública y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas negocian se sitúa en la órbita del 1%. Dicha aprobación estaba sujeta a que fuera posible desbloquear la situación para formar un Gobierno con plenos poderes.

Decreto pactado con el resto de grupos
El decreto ley que está ultimando el Gobierno tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes desde su aprobación por el Consejo de Ministros.

Por ello, justifican la vía de urgencia en que la norma debe ser ratificada por el Parlamento antes de final de año para que pueda ser efectiva a partir del próximo 1 de enero.

Hacienda tiene ya prácticamente recabado el apoyo del PSOE a la cuantía de la subida a aplicar. Las posturas se encontraban hasta hace unos días “bastante distanciadas”, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Los socialistas defendían incrementar más el poder adquisitivo de ambos colectivos, especialmente en el caso de los jubilados

Sin embargo, el Gobierno ha convencido a los interlocutores económicos de Ferraz de que si se aprueba una revalorización de las pensiones o un incremento salarial a los funcionarios, hay que plantearse la manera de financiar dichos gastos, teniendo en cuenta que, con la prórroga de los Presupuestos el pasado 15 de octubre, las partidas no variarán de momento respecto a las de 2016.

Se extiende a funcionarios autonómicos y locales
En principio, la medida beneficia a alrededor de 500.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado: funcionarios, personal laboral y eventuales. Es decir, a aquellos que prestan servicio en los diferentes ministerios, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Pero la subida también se hará extensiva a los funcionarios de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos. La mayoría de ellos están a la espera de la decisión definitiva del Estado para introducir incrementos salariales similares en sus presupuestos para los funcionarios de las administraciones regionales y locales. ¡¡Y Olé!!

¡¡El PP S.A. sigue "premiando" a sus clientes!!. Sueldo medio en el sector público 36.000 € año  en el privado 26.000 € -- HdP


Decía Carlos Marx, hace ya más de un siglo, que "los gobiernos son simples Consejos de Administración de la burguesía"


Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es

viernes, 4 de noviembre de 2016

ESPAÑA: ¡¡UN VIEJO-NUEVO GOBIERNO S.A.!! -- En éste caso con el apoyo incondicional de dos "palanganeros" Psoe y Ciudadanos -- Albert Rivera se incorpora a "la casta" aportando sus "castuzos" -- Y todo para que nada cambie -- Maldto seas Albert -- Por cierto: la delincuencia politica organizada -- sigue protegida por el ministro de "las tragaperras" Puafff "Y la montaña parió una rata en diferido"

¡¡A la puta calle!!

Los 7 detenidos de UPA-UCE Extremadura están acusados de financiación ilegal. JA JA JA -- "Soy esceptico"

Ignacio huertas. Uno de los capos

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Tellus, ha desarticulado una trama dedicada a la presunta "financiación ilegal" de la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura (UPA-UCE), y dentro de la cual han sido detenidas siete personas.

Dentro de la operación han sido detenidas cinco personas pertenecientes al Comité Ejecutivo Regional de UPA-UCE Extremadura --entre ellas el secretario general, Ignacio Huertas--, así como el "captador" de afiliados al sindicato en Talayuela (Cáceres), y el administrador único de la empresa utilizada para facilitar préstamos a los agricultores.

El pasado miércoles, 2 de noviembre, ordenados por la autoridad judicial, se procedió a la entrada y registro de la sede central del sindicato en Mérida, así como a las delegaciones del mismo en las localidades cacereñas de Plasencia, Coria y Talayuela, así como un domicilio particular en Badajoz.

A día de hoy continúan los registros motivados por la explotación de esta operación, que se encuentra por tanto todavía abierta y "no" se descartan nuevas detenciones o imputaciones, según explica en nota de prensa la Guardia Civil, que alude a "un sofisticado entramado financiero" que permitía presuntamente "desviar los fondos destinados a subvenciones para asesoramiento dedicándolos a la actividad propia del sindicato".

Los hechos investigados pudieran ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Tanto los detenidos como las pruebas de convicción obtenidas en los registros están a disposición del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida, que entiende esta causa.

¡¡Gentuza!!


INVESTIGACIONES
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero tras una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en Campo Arañuelo (Cáceres), en el que ponía de manifiesto "un supuesto entramado financiero ilegal" del sindicato UPA-UCE-Extremadura.

Continuando con las investigaciones los agentes pudieron determinar que más de 1.800 personas, afiliadas al sindicato UPA-UCE Extremadura, habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea, fondos que "fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación".

Tras el estudio de la normativa vigente que regula la obtención de estas subvenciones por asesoramiento agrario, los agentes pudieron comprobar que los perceptores de dichas ayudas eran agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura, los cuales recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80 por ciento del importe total del asesoramiento agrario.

Dicho asesoramiento "sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE", explica la Benemérita.

Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil tomó manifestación a una treintena de agricultores afiliados al sindicato. Igualmente, realizó un "minucioso" análisis de "miles" de extractos bancarios de las cuentas del sindicato, y se pudo comprobar "la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada".

También se ha podido comprobar, según la Guardia Civil, cómo algunos empleados del sindicato (los "captadores"), "utilizaban mediante el engaño o tergiversando la información, a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos siendo estos la solicitud de la subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado".

¡¡Mas gentuza!!

MECÁNICA DOBLE
Según explica la Guardia Civil, la mecánica era doble. En concreto, "el dinero necesario para pagar el informe agrario provenía del propio sindicato que lo transfería a la empresa mercantil instrumental y, de ésta, a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato de donde había salido, simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones".

Así "se evitaba que cada una de las personas solicitantes adelantase el pago de su bolsillo para el servicio de asesoramiento agrario, teniendo también en cuenta que la subvención solo costeaba el 80 por ciento del valor de ese asesoramiento".

Asimismo, la subvención, "una vez gestionada por el propio sindicato con los documentos que les daban a firmar a los agricultores, era ingresado en la cuenta de estos últimos e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización del préstamo" y "desde allí nuevamente se transfería al sindicato", explica la Benemérita.

De esta manera "el dinero salía del sindicato, se transfería a los agricultores a través de la mercantil y volvía al sindicato mediante el cobro de recibos, lo cual permitía a este último volver a ponerlo en circulación las veces que lo considerase necesario, operando reiteradamente con esos fondos para volver a recuperar el dinero".

¡¡Mas de lo mismo!!

OPERACIONES FICTICIAS
Las operaciones así realizadas eran "por tanto ficticias y sin coste económico alguno, obteniendo el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados del sindicato, las cuales volvían a este último", explica.

Al respecto, la Guardia Civil añade que "este proceso de transferencias y cobro de recibos tipo carrusel se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario".

"Los titulares de las explotaciones agrícolas, por regla general, únicamente eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención, para lo que firmaron en el sindicato una serie de documentos que desencadenaban toda la operativa descrita", señala.

El dinero así obtenido por el sindicato durante los años 2013, 2014 y 2015 fue de "algo más de 1,8 millones de euros, procedente de unas 5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA - UCE Extremadura", afirma.

También, la Benemérita indica que la investigación patrimonial ha desvelado que "el capital se ha utilizado mayoritariamente por el sindicato para la financiación de la actividad propia del mismo, es decir, pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etcétera".

"Otra parte se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra, en definitiva, a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines".

¡¡A las cucarachas no les gusta la luz!!


¡¡Que asco!!


Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es









jueves, 3 de noviembre de 2016

ESPAÑA: ¡¡RAMÓN ESPINAR padre y RAMÓN ESPINAR hijo ROBAN A PARES!! -- Ademas blanquean dinero con un "credito" de Caja Madrid -- La Guardia Civil tiene que investigar a toda la familia ESPINAR -- El padre es inmensamente rico desde la politica -- Lo mIsmo que VIRGILIO CANO, PEPE ACOSTA y su cuñado "chaparro", IGNACIO NAVASCUÉS COBIAN y los cientos de consejeros que saquearon Caja Madrid-Bankia ademas de decenas de empresas públicas de la CAM -- No solo con las TARJETAS BLACK sino con todos los sistemas conocidos y por conocer -- Durante los últimos 30 años -- Lo hicieron los padres y lo hacen los hijos. También los "amiguitos del alma". ¡¡TENEMOS MAS LADRONES EN LAS INSTITUCIONES QUE EN TODAS LAS CARCELES JUNTAS!! Malditos sean

El padre y el hijo-falta la madre que será del PP

Caja Madrid dio 19 millones a la cooperativa de Espinar con su padre en la entidad -- HdP
Miguel Blesa concedió créditos hipotecarios a la promotora de la vivienda protegida de Ramón Espinar en 2008, cuando el padre del dirigente de Podemos se sentaba en el consejo de la caja
pepe acosta - falta su cuñado "Chaparro"

Vender legalmente una vivienda pública y obtener un beneficio de 20.000 euros sería normal e irrelevante si Podemos no lo hubiera elevado al nivel de escándalo político
Espinar también tenía otra opción si quería desprenderse de la vivienda sin perder los 52.000 euros que ya había pagado. Como explicó 'El Español', los contratos tipo de las cooperativas de vivienda protegida incluyen una cláusula que permite a los adjudicatarios descolgarse del proceso de adquisición recuperando el dinero pagado hasta ese momento. El dirigente de Podemos solo habría tenido que ponerse en contacto con Vitra para comunicar su renuncia y permitir que la VPPB hubiera sido reasignada a otro demandante al precio original. 

Ramón Espinar admitió este miércoles que ganó 19.000 euros en 2011 con la venta de un piso con precio protegido (VPPB) en Alcobendas que se había adjudicado solo un año antes después de que Vitra, la cooperativa de Comisiones Obreras (CCOO) que gestionó la promoción, lo eligiera a dedo entre una larga lista de demandantes de vivienda. Lo que no contó el portavoz de Podemos en el Senado es por qué su solicitud se impuso a la de otros candidatos. Según ha podido saber El Confidencial, la respuesta está en el consejo de administración de la antigua Caja Madrid.

Espinar reconoció tras la noticia de la Cadena SER que pagó los 52.000 euros de la casa gracias a un préstamo familiar de 60.000 euros de su abuela, su madre y su padre, Ramón Espinar Gallego, un histórico del PSOE y UGT que llegó a ser presidente de la Asamblea Regional (1983-1987) y consejero autonómico de Cultura y Hacienda (1987-1995) y también fue consejero de Caja Madrid durante 15 años, hasta que la entidad se integró en 2010 en Bankia.

Hasta ahora, Espinar se había esforzado en separarse de su progenitor. No tanto por su militancia en partidos distintos, como por la implicación de su padre en el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, un punto negro en la biografía de uno de los dirigentes de Podemos que han perseguido la corrupción con mayor contundencia. Según la documentación revelada por Bankia, Ramón Espinar Gallego gastó 178.399 euros de su tarjeta opaca entre 2003 y 2010. El senador de Podemos no ha tenido ahora más remedio que admitir que su padre le hizo un préstamo familiar justo en ese periodo bajo sospecha.

JA JA JA

Extraña relación con Alcobendas
Pero el dinero no fue lo único que le habría dejado el dirigente del PSOE a su hijo. Según fuentes municipales de Alcobendas, el expresidente de la Cámara autonómica era amigo íntimo del también socialista José Caballero, alcalde de ese municipio madrileño durante 24 años, de 1983 a 2007. Un año antes de abandonar el ayuntamiento, su corporación autorizó la adjudicación a Vitra de la parcela en la que terminó consiguiendo su casa el portavoz de Podemos. En esos años, Ramón Espinar padre era visto con frecuencia por los pasillos del consistorio de Alcobendas, a pesar de que no tenía ninguna vinculación con el municipio. Pero no solo compartía amistad con Caballero. También se sentaban juntos en el consejo de administración de Caja Madrid.
En ese órgano de la antigua caja de ahorros tenían en común a un tercer conocido, Antonio Rey de Viñas Sánchez-Majestad, otro histórico sindicalista, en este caso, de CCOO. Rey de Viñas no solo estaba vinculado con el sindicato y con Caja Madrid. También tenía relación con la cooperativa de viviendas de la central de trabajadores próxima a Izquierda Unida. De hecho, su nombre aparece vinculado a multitud de proyectos de Vitra en calidad de representante de la mercantil.

La legalidad esgrimida por Espinar no tapa la vergüenza del dirigente político pillado en falta por hacer lo contrario de lo que predica
José Caballero y Antonio Rey de Viñas acompañaron a Ramón Espinar Gallego en el uso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. El exalcalde socialista de Alcobendas hizo desembolsos por valor de 19.800 euros durante los dos años que la disfrutó, 2003 y 2004. El que más gastó de los tres fue Rey de Viñas, que paradójicamente formaba parte de la comisión de control de la caja de ahorros. Entre 2003 y 2011, dispuso de 191.495 euros.

Capos de la delincuencia organizada de derechas y de izquerdas - JA JA JA

Créditos promotores
Como consta en las actas de los consejos de Caja Madrid, Espinar padre y Rey de Viñas estaban dentro de la entidad cuando Miguel Blesa autorizó el 17 de noviembre de 2008, en pleno 'crack' inmobiliario y con el grifo hipotecario sellado, la concesión de créditos promotores a Vitra por valor de 19,7 millones de euros para que pudiera desarrollar proyectos en Madrid, Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. También lograron créditos y avales otras sociedades vinculadas a Vitra, como Desarrollo de Espacios Inmobiliarios SA y GPS Gestión. Curiosamente, fue en 2008 cuando comenzó a construirse en el sector Fuente Lucha de Alcobendas el piso que en mayo de 2010 escrituró el dirigente de Podemos a su nombre. Todos los caminos de la vivienda de Espinar conducen a Caja Madrid.

Falta el Chapo Guzman: "banquillo de las tarjetas Black" 
ja jaja

Espinar: "Hay una parte del poder económico de este país que me quiere mal" ja ja ja
El 22 junio de 2011, solo un año después de adquirir formalmente la casa, Espinar la traspasó, según consta en el Registro de la Propiedad. La Comunidad de Madrid le autorizó en tiempo récord a venderla tras alegar, según contó en rueda de prensa, que no disponía de recursos para poder afrontar el resto del importe. Espinar admitió este miércoles que, con la venta, consiguió una plusvalía de 30.000 euros, aunque luego matizó que su ganancia se redujo hasta los 19.000 euros tras el pago de impuestos. Con todo, explicó que se limitó a vender la casa al precio oficial de la comunidad.

En efecto, cuando recibió el piso en 2007, el precio del metro cuadrado de una VPPB en Alcobendas estaba tasado en 1.475 euros. En 2011, cuando la vendió, el Ejecutivo madrileño ya había subido el precio del metro protegido a 1.940 euros. Así, aunque pagó 146.224 euros por la vivienda, un año después logró traspasarla a un tercero por unos 176.000 euros.

Especulación voluntaria
Lo que el portavoz de Podemos en la Cámara Alta tampoco contó es que podía haber vendido la casa al mismo precio que la había comprado, sin especular con una vivienda protegida. El coste por metro cuadrado que fija la comunidad sólo es un tope máximo para garantizar precisamente la accesibilidad de esta fórmula de promoción pública, según fuentes del Ejecutivo madrileño consultadas por este diario. Aunque el precio tasado se había incrementado, nada impedía que Espinar vendiera el piso por el dinero que había pagado un año antes.


El papa en el PSOE, el hijo en Podemos, no sabemos si la mamá estará en el PP, así la familia "trinca" siempre. ja ja

El Don: padre


Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es