Granados iba a montar una discoteca con Cristina Tárrega poco antes de ser detenido
Francisco Granados planeaba hacerse con un local de dos plantas en Madrid junto con la periodista y presentadora Cristina Tárrega, según reflejan conversaciones de agosto de 2014, intervenidas en el marco de la operación Púnica. Entonces ya era público que el exconsejero de la Comunidad Madrid estaba siendo investigado por su cuenta corriente en Suiza.
Un millón de euros
“Tenemos que darnos prisa, hay unos rusos que andan muy interesados en el local. El problema de este sitio es la gestión de las licencias, pero eso no me preocupa, porque tenemos amigos”. La presentadora, directora del programa Territorio Comanche en Telemadrid, entre 2006 y 2012, habló con Granados el 7 de agosto de 2014, según esa conversación, difundida este lunes por Interviú.
El exdirigente popular le dice a su interlocutora que “los inversores se tienen que decidir”, y la periodista le dice que hace falta “un millón de euros, más o menos” y que está “hasta las pelotas de ese asunto. Un local de 1.200 metros. Me piden 15.000 euros y seis meses de aval por ser yo”.
“Voy a Valencia, a ver a Rita”
Al día siguiente, vuelven a hablar y la periodista le da el contacto de una mujer que le enseñará el local. Granados envía a David Marjaliza, el otro cabecilla de la trama Púnica, empresario y amigo de Granados.
El 8 de agosto, Granados vuelve a hablar con Cristina Tárrega, esta vez sobre la antigua sala Archy, un sitio frecuentado por futbolistas, actores y políticos en los años 90. Pero no tiene licencia. Aún así, explica Granados ellos “entrarán como accionistas, ya hablaremos, no hay problema”. El 15 de octubre Granados le dice a Tárrega que ya tiene un socio para el Archy, y ella le responde que va a Valencia, “a ver a Rita”. Doce días después, Granados fue detenido por la Guardia Civil y enviado a prisión.
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¡¡Y por ultimo!! Los toros no se sostiene sin cuantiosas ayudas públicas
Sólo el 18% de los españoles cree que deban darse ayudas públicas a las corridas de toros, según una encuesta realizada en 2007 por la Junta de Castilla-La Mancha en toda España. En cambio, el Estado español, desde los distintos escalones de la Administración, destina anualmente unos 500 millones de euros al fomento y proyección de la industria taurina, según distintas estimaciones.
La dificultad de sumar de modo fiable la cifra total se debe a que no hay escalón de la Administración Unión Europea, ministerios, autonomías, diputaciones y municipios que no dé ayudas al toro. Los ayuntamientos pagan directamente a empresarios y ganaderos por los festejos; las diputaciones mantienen las plazas y promocionan la lidia; y las comunidades sostienen las escuelas y pagan por derechos televisivos en los canales autonómicos.
Las subvenciones de Europa suman el 40% de los ingresos de los ganaderos
En dos años, la Comunidad de Madrid ha gastado ocho millones de euros sólo en ayudas directas a la promoción de la tauromaquia, sin contar las numerosas corridas que emite Telemadrid. Además, los ganaderos reciben importantes ayudas por res desde la Unión Europea, que diversos estudios económicos cuantifican como el 40% de los ingresos totales de estos empresarios.
Un dato que se explica fácilmente recurriendo al censo de ganado bravo español: 275.000 cabezas, según el Ministerio de Medio Ambiente, de las que tan sólo 15.000 se dedican a festejos. Esto es, de las reses bravas que correteaban por las dehesas en 2009, sólo el 5% terminó siendo objeto del esparcimiento de los taurinos. No deja de sorprender que una industria en crisis como la taurina, que en dos años ha colocado un 20% menos de reses, haya incrementado el número de empresas inscritas en este sector. En el mismo periodo en que se crea un excedente de 4.500 toros, las ganaderías pasaban de ser 1.327 a sumar 1.377, según el Ministerio del Interior.
No obstante, los ganaderos siguen negando la posibilidad de dedicar su negocio a los recursos cárnicos, a pesar de que Medio Ambiente avala, la viabilidad de sostener esta raza explotándola únicamente como fuente de alimento. "Si me dicen que tengo que criar toros para filetes, me voy, lo dejo", afirma tajante Eduardo Martín, ganadero y director de la Mesa del Toro, lobby formado por empresarios y políticos en 2007 con el objeto de frenar los "ataques a la fiesta".
El 5% de los astados es para festejos y el resto facilita subsidios de la UE
Este grupo de presión, que cuenta con importantes políticos entre sus integrantes como el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, ha cosechado notables éxitos económicos desde que se creó. Por ejemplo, consiguió que todas las comunidades con intereses en la lidia pagaran un acto de afirmación protaurino en el Parlamento Europeo cuando se iba a votar una moción ecologista contra la tauromaquia.
Una exposición en la propia institución y unas jornadas protagonizadas por varios toreros y el eurodiputado conservador Luis de Grandes para convencer a sus colegas fueron suficientes. En un año, la Mesa también ha firmado acuerdos o arrancado apoyos expresos de la Federación Española de Municipios y Provincias, de RTVE, de la Junta de Andalucía, de Extremadura y de Madrid.
"Si tengo que criar para filetes, lo dejo", dicen los empresarios
El sector recibe ayudas por proteger el medio rural (600.000 euros directos de Medio Ambiente del proyecto Somos Dehesa) y por cabezas de ganado, pero reivindica que Asuntos Taurinos deje de depender de Interior y que pase a Cultura. Y que al toro se le rebaje el IVA hasta el 8% como producto cultural, un ahorro de más de cien millones de euros anuales. "Se demanda el mismo trato del resto de actividades culturales, su mismo régimen fiscal y ocupar una parcela informativa relevante en los medios de comunicación", reivindica el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Carlos Núñez.
Mucho se ha hablado estos días de la ley canaria de protección animal de 1991, que prohíbe sin lugar a dudas las corridas de toros, como su propio ponente y portavoz del PP en el parlamento de las islas, Miguel Cabrera, no se cansa de repetir. Esa norma incluía un detalle: no prohibía las peleas de gallos, sino su fomento por parte de las administraciones públicas.
En estas décadas, las galleras canarias dedicadas a las riñas de gallos han pasado de contarse por cientos a ser, en la actualidad, una actividad residual, con escasos aficionados en zonas rurales del archipiélago. Tanto es así, que los propios políticos canarios ya se plantean reformar la ley para prohibir las riñas, algo que en su día no se atrevieron a hacer.
El sector reclama para los toros el IVA reducido
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
