¡¡Dos inmensamente ricas desde la poltica!!
«Si se lo ha encargado Narbona, que se lo pague Narbona.Es la frase que estaba en el Ministerio en aquel momento, lo que me dijeron mis jefes». Son las palabras de Carlos Massa, director general de Acuamed entre 2009 y 2012, al juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional. Le pregunta si conoce el contrato entre la empresa pública y la agencia de publicidad Bassat Ogilvy que se gestó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «No lo he visto escrito en ningún sitio… Fue el Ministerio de la época, según me han contado, quién decide hacer una campaña de contra imagen». HdP
¡¡Otro "maromo" inmensamente rico desde la politica!!
Se trata de la campaña promovida por el Ejecutivo socialista a favor de la desalación y en contra del trasvase del Ebro. El 8 de julio de 2007 el Ministerio dirigido por Cristina Narbona presentó la campaña informativa «El mar, fuente inagotable de vida», que se llevaría a cabo durante el mes de agosto repartiendo 500.000 botellines de agua desalada en las principales playas de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.
A finales de julio, el Consejo de Ministros fue informado de que el Ministerio de Medio Ambiente autorizaba a Acuamed, dirigida entonces por Adrián Baltanás, a realizar una campaña en el ámbito de la cuenca mediterránea. El «Programa del Agua» arrancó en noviembre de 2007, a cuatro meses de las elecciones generales, y supuso unos gastos de casi 7 millones y medio de euros en publicidad.
Bassat Ogilvy debía emitir facturas a las compañías que intervenían como adjudicatarias en las obras de las distintas plantas de desalación, como figura en el contrato con Acuamed, reclamando así a las constructoras el 1% que habían recibido en adjudicaciones en anuncios.
Informe de la UCO
En el año 2008 el gasto en publicidad desciende de 7.447.599 a 3.833.061 euros. Y en 2009, a 1.954.396. Una vez destituido Baltanás, nombrado por la Administración socialista, el gasto medio bajo a los 200.000 euros.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción revela en el sumario del caso Acuamed, un informe con las facturas abonadas a Bassat por empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras, por valor y en proporción al importe del contrato, que supuso un total de 5.854.884,00 euros «a modo de colaboración». Entre ellas, UTE Desaladora Aguilas-Guadalentin (Sacyr y Ferrovial), 1.293.400 euros; Construcciones Alpi, 17.400 euros; UTE Desaladora de Oropesa (Técnicas Reunidas y Constructora Hispánica), 290.000 euros; Aqualia Infraestructuras, 139.200 euros o FCC Construcción, 57.884 euros.
El informe de la UCO se centra en la planta desaladora de Torrevieja (Alicante), que preveía garantizar los regadíos del trasvase Tajo Segura. La UTE liderada por Acciona pagó tres facturas por el concepto «contribución a la campaña desalización» con un valor total de 1.740.00 euros (1.500.000 más 16 por ciento IVA), sin haberse licitado un contrato específico a tal efecto.
¡¡Desalinizando España y Olé!! Malditos sean
Campañas promocionales
Sistemáticamente desde el 2008, la UTE constructora de Torrevieja recordaba el «encargo por parte de Acuamed para realizar una campaña promocional», y que nadie asumía ese coste. Así se refleja en un correo enviado en marzo de 2012, donde Gabriela Mañueco, imputada en el caso, no atendió «el importe para publicidad» ni devolvió el dinero invertido ni llegó a reconocer la deuda.
Cuando le preguntaron en la Comandancia de la Guardia Civil a Baltanás por qué todavía Acciona reclamaba la devolución de los pagos que hicieron a Bassat, respondió que desconocía el motivo. «Se hizo un vídeo que salió en televisión y otros anuncios informativos, ya que existía una falsa idea respecto a la desalación». Curiosamente, no le interrogaron sobre las otras constructoras que colaboraron con el Gobierno de Zapatero en fechas tan próximas a unas generales.
En diciembre de 2014 el Consejo de Administración de Acuamed cuando Arcadio Mateo era el director general –ahora en libertad bajo fianza–, aprobó la liquidación del proyecto de las obras de la desaladora de Torrevieja, sin que se incluyera «ningún capítulo catalogado como publicidad», argumentando que «no procedería el abono por tratarse de un concepto no reclamable».
A pesar de cerrarse la liquidación, la IDAM Torrevieja UTE –Acciona Agua y Acciona Infraestructuras– siguió reclamando durante el año 2015 el abono de los 1,5 millones de euros por su contribución a la campaña de desalación.
Pago extracontractual
El 27 de octubre de 2015, Javier Gómez Pastor, de Acuamed, le explica a Esteban Tolosana de Acciona, que estuvieron con el abogado del Estado y que «el tema de la publicidad» no lo ve. En otro pinchazo telefónico, Pastor le dice «olvídate de la publicidad», dándole vueltas a cómo se pueden contemplar los sobrecostes en seguridad y salud, sin que «parezca un cambio de cromos».
En su informe la UCO concluye que «no llegaron a encontrar la fórmula para llevar a cabo el abono, por ser un pago extracontractual y ajeno totalmente a la construcción de una desalalora». Lo que todavía no ha investigado la Fiscalía Anticorrupción es qué ocurrió con el «impuesto revolucionario» pagado durante la etapa socialista por las otras constructoras que aparecen en el informe de la Guardia Civil.
El Ejecutivo de Zapatero apostó por las desaladoras para compensar la derogación del trasvase del Ebro, a pesar de las reticencias de los agricultores y de su alto coste energético. No previó que la crisis reventaría la «burbuja» inmobiliaria, y con ello la demanda de agua prevista. Sólo la planta de Torrevieja, uno de los iconos de la política puesta en marcha por Narbona, requiere de una potencia eléctrica equivalente al consumo de una ciudad de 100.000 habitantes a pleno rendimiento.
La inversión total prevista del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 fue de unos 19.007 millones de euros y se estimaba la recuperación de esa inversión a 45 años.
La «famosa campaña»
Como reconocía Nuria Segura, técnico de Acuamed, durante su declaración ante Eloy Velasco, la campaña fue sufragada por todas las empresas que tenían adjudicada una desaladora: «Si sumas todas las desaladoras (…) era una cantidad importante, yo no sé cuánto es normal en una campaña publicitaria… Pero vamos, siempre se habló de la famosa campaña de publicidad». HdP
¡¡Simplemente gentuza!!
Las claves del caso Acuamed
En enero de 2016, la investigación destapa un fraude multimillonario en la empresa pública
Aguas de las Cuencas Mediterráneas
Simplemente gentuza
En enero de 2016, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil culminó la llamada operación Frontino, por la que cerca de una veintena de personas son investigadas. Ahora, según desvela ABC, el caso Acuamed ha destapado una campaña de publicidad de 7,5 millones de euros entre la empresa pública y la agencia, que se gestó con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente y a cuatro meses de las elecciones generales de 2008.
Los inicios de la operación
La operación Frontino, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, destapa un fraude millonario en la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
¿Qué se investiga?
La investigación se centra en el presunto favorecimiento con dinero público de una unión temporal de empresas liderada por FCC.
Arcadio Mateo, el «cabecilla»
El juez sitúa como cabecilla de la «organización criminal» al destituido director general de la empresa pública Arcadio Mateo, quien, tras pasar seis meses en prisión preventiva, en junio salió en libertad bajo fianza de 300.000 euros. Según Velasco, era él quien, «con ayuda de ciertos cargos y empleados públicos conniventes, puso en marcha un plan sistemático para cerciorarse de que las adjudicaciones» públicas, «su ejecución, modificados y liquidación de obra (...) quedaran a merced de su voluntad, con fines alejados del bien común».
También fondos comunitarios
El juez maneja un listado de una veintena de adjudicaciones presuntamente irregulares y cofinanciadas con fondos comunitarios. Uno de los contratos bajo lupa es la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona), adjudicada a FCC por 155 millones de euros en 2008. En un primer momento se relacionó con esta operación al exsecretario de Estado de Presidencia Federico Ramos de Armas, pero el juez lo desimputó en octubre.
Si los jueces no meten en la carcel a los delincuentes --
Tendremos que plantearnos que hacemos con ellos
"Pa poca salud mejor morirse"
El timo de las desaladoras de Zapatero, Narbona y compañia
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
