miércoles, 5 de noviembre de 2014

España: La casta nos "regala" otros 79.154 ciudadanos en paro - Mientras tanto Montoro sigue "pagando" facturas falsas - No podemos olvidar el papel de periodistas y medios en la situación actual-son simplemente sicarios-unos ideologicos y otros economicos-la mayoria las dos cosas Jose Angel Fernandez Villa sindicalista y socialista - Mas de 30 años robando Mientras el juez Elpidio Silva sigue apartado de la carrera judicial Rato, Blesa y demás mangantes "viviendo la vida loca" HdP



¡"To pal pueblo"!

Jose Angel Fernandez Villa otro ladrón socialista al por Mayor. Este HdP colaboró con el gobierno de Franco en la Brigada Politico Social . 

Como "buén" socialista, no robaba solo. Tenia su propia banda.  Posee una inmensa fortuna acumulada con facturas falsas y dinero publico. Maldito sea

El aguerrido sindicalista multimillonario José Ángel Fernández Villa, al que se le ha descubierto una inexplicada e inexplicable fortuna personal de 1.400.000 euros, se fabricó un currículum de heróico resistente antifranquista y de irreductible combatiente por la democracia que es más falso aún, que ya es decir, que su ética personal, socialista y sindical. No es un caso único el de Fernández Villa, pero sí especialmente relevante porque una fortuna como la suya no se hace picando carbón en la cuenca asturiana

Resulta que el ex líder del mítico sindicato minero Soma-UGT, ex diputado del PSOE y maestro de ceremonias del macrobotellón socialista de Rodiezmo, José angel Fernández Villa, ejerció durante largos años de chota, de soplón, de chivato de la policía franquista. Concretamente de la Brigada Político Social (BPS) de la policía del Régimen, cuyos abundantes, elocuentes y reveladores archivos fueron rápidamente destruidos por el PSOE cuando los socialistas llegaron al poder en 1982. La historia como delator de rojos del ejemplar socialista José Ángel Fernández Villa la cuenta con pelos y señales José Ramón Gómez Fouz en su libro "Clandestinos".

En el capítulo XII de "Clandestinos" el autor relata que José Ángel Fernández Villa fue captado como delator por el jefe polical de la zona de la cuenca minera asturiana, Claudio Ramos. En aquellos años, finalizada ya la posguerra, José Ángel Fernández Villa estaba próximo a la CNT y a un grupo, también clandestino, conocido por el acrónimo CRAS y que en realidad resultó ser política y socialmente inofensivo.  Dado que José Ángel Fernández Villa se encontraba sin trabajo acudió en demanda de ayuda al citado jefe policial, Claudio Ramos, que le colocó primero en la mina, y  más tarde en Ensidesa. ¿ A cambio de qué ?. Elemental, a cambio de que Fernández Villa facilitara periódica y regularmente información a la Brigada Político Social sobre los elementos izquierdistas que se movían en la clandestinidad en la cuenca minera asturleonesa. José Ramón Gómez Fouz publica en

"Clandestinos" muchas notas e informes facilitados a la policía franquista por Fernández Villa, en los que se da cuenta a la BPS de nombres y direcciones de agitadores comunistas y de fechas y lugares de celebración de reuniones clandestinas. Cuando el libro fue publicado, José Ángel Fernández Villa puso el grito en el cielo y amenazó con querellarse contra el autor. Amenaza retórica que no se materializó nunca, sin duda porque el pasado antifranquista de Fernández Villa es un maquillaje de su auténtica carrera como chivato de la Brigada Político Social.

Monago propone una ley antisoborno para frenar la corrupción - La cospedal "mis Albacete" dice que todo está bién ja ja ja


Expulsión inmediata obligatoria, devolver lo robado, cárcel hasta 10 años, son algunas de las medidas.

El Gobierno de Extremadura propone al Ejecutivo central la elaboración de la que sería la primera ley antisoborno de España, con el objetivo de "limpiar" al país de la corrupción, "caiga quien caiga".

La propuesta, que está compuesta por nueve puntos para "combatir" la "lacra" de la corrupción en España, será defendida en el Parlamento extremeño a través de una propuesta de pronunciamiento para la que el Ejecutivo autonómico espera contar con el "acuerdo" del "conjunto" del arco parlamentario.

Entre otras medidas, el Gobierno regional apuesta por que la citada ley estatal incluya la expulsión "inmediata" a los acusados de soborno como "obligatoria" en partidos políticos, patronal y sindicatos; así como que contemple que los condenados por corrupción deban responder patrimonialmente con "todos" sus bienes personales hasta devolver la cantidad afectada por el soborno.
En la misma línea, el Ejecutivo extremeño plantea que el soborno en España esté penado hasta con 10 años de cárcel como en Reino Unido; así como que el plazo de la prescripción del soborno se amplíe de los cinco años actuales a 10 años.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico celebrado este martes en Mérida la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, quien ha avanzado que el Grupo Popular registrará la propuesta de pronunciamiento en cuestión en el Parlamento regional en las próximas horas.

Tras apuntar que "la corrupción no es sólo una cuestión de los partidos políticos" sino que "hay que erradicarla del conjunto de la sociedad", Teniente ha añadido que la ley antisoborno de España sería "totalmente compatible" con la Ley de Transparencia actual y con las "muchas medidas" que "está preparando" en la materia el Ejecutivo nacional, así con las iniciativas que están elaborando también "otros" grupos políticos.

"Debemos dar un paso más allá del Código Penal que ya tipifica el delito de cohecho. Debemos entre todos limpiar a España de la corrupción desde la raíz, caiga quien caiga y debemos dotar para ello de los instrumentos con los que cuentan los países más desarrollados en el mundo para hacerlo
Según ha dicho, el objetivo de la iniciativa es "atacar la corrupción desde el origen" para "cercar a los corruptos" y "limpiar la sociedad de la corrupción" entre "todos", a través de una normativa "contundente" que defina "claramente" medidas "antisoborno".

Ha considerado así que el de la lucha contra la corrupción es "un asunto de estado" en el que hay que trabajar "de forma contundente", al tiempo que ha incidido en que para hacer todas las medidas propuesta "posible" el poder judicial "necesita de financiación adecuada, de los medios materiales y humanos para dar mayor celeridad a las causas contra la corrupción".

Como medidas concretas para "combatir" la corrupción en España a través de una Ley Antisoborno, el Gobierno extremeño plantea la expulsión "inmediata" a los acusados de soborno en partidos políticos, patronal y sindicatos.

En el caso de instituciones públicas, asociaciones, fundaciones y empresas, según ha apuntado Teniente, es necesario habilitar un sistema "ágil" y "eficaz" para apartarles de manera "preventiva" de sus funciones, manteniendo sus derechos laborales hasta que haya condena "firme". Asimismo, en el caso de que la justicia resuelva en favor del acusado, se le restablecerá su situación en los ámbitos de los que haya sido apartado.

De igual modo, el Ejecutivo regional defiende que todas las instituciones públicas, partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y sector privado deben definir e implementar "integralmente" un plan antisoborno que obligue a "todas" las personas de su organización y sea aprobado por el máximo órgano de gobierno de la misma. Además, entiende que deberán crear un órgano o departamento especializado en el control, el seguimiento y la evaluación.

También, según la propuesta de la Administración extremeña, todos los trabajadores, desde los máximos representantes hasta el último empleado, de las entidades incluidas en la ley antisoborno deberían firmar una "declaración responsable". Con su firma, además de comprometerse a cumplir la ley, tendrán la obligación de contactar para cualquier duda o sospecha de algún posible caso con el departamento legal u organismo competente.

Además, apuesta por que el soborno declarado por sentencia firme conlleve la anulación de los contratos o subvenciones públicas en la parte afectada por el delito.

Igualmente, defiende el Gobierno autonómico que todas las instituciones públicas, partidos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y privado asuman la responsabilidad del delito si se demuestra que no han llevado a cabo los controles y mecanismos adecuados para evitar el soborno.

Asimismo, plantea que la financiación ilegal de partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones debe tipificarse como un soborno y debe incluirse en el Código Penal también con penas de hasta 10 años de cárcel para los responsables de la misma.

esperanza aguirre en su "licencia" de FM

No hay ni uno solo de los tertulieros-sicarios del poder en los medios de comunicación, que no esté preocupado por su futuro laboral.

No PODEMOS olvidar que gracias a ellos la casta ha funcionado inpunemente mas de 30 años. Tienen que pagarlo

Lo de PODEMOS está por ver. Lo de la casta sucia y mafiosa está mas claro que el agua


Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es









         

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