La directora general de Minas, María José Asensio, uno de los cargos imputados
La Magistrada Doña Patricia Fernández anuncia ocho nuevas imputaciones por el concurso de la mina de Aznalcóllar
¡¡Gentuza!!
La historia se repite. Primero fueron los ERE y ahora Aznalcóllar.
Por segunda vez, el Cuerpo Nacional de Policía se ha visto apartado de una gran causa judicial después de meses de investigación y por orden de la juez instructora.
La decisión de la magistrada Patricia Fernández, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, de encargar las investigaciones sobre el concurso minero de Aznalcóllar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha caído como un jarro de agua fría en la el seno de la Policía Nacional, cuya Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha llevado el peso investigador desde que se abrieron las diligencias en 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por la empresa que perdió, Emerita Resources.
Sin explicación y sin un motivo aparente, la juez Fernández dejó fuera del caso a la Policía Nacional en el auto por el que reabrió esta semana el procedimiento una vez que la Audiencia Provincial de Sevilla anuló el archivo de la causa al observar «ilegalidades severas» en el procedimiento seguido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo para adjudicar los derechos mineros del yacimiento sevillano.
En dicho auto, la magistrada acordó encomendar «el desarrollo de la labor de auxilio judicial» a la UCO en detrimento de los policías que hasta ahora habían trabajado a sus órdenes.
Más aún, la juez Fernández daba instrucciones a la UCO para que centrase sus pesquisas en aclarar el papel «real» desempeñado por la empresa Minorbis, filial del grupo cordobés Magtel, en la operación ante la sospecha -puesta de manifiesto ya por la Audiencia sevillana- de que hubiese sido un mero «intermediario» al objeto de que la mina acabase en manos de Grupo México, como finalmente ha sucedido.
Precisamente, la redactora del auto de la Audiencia que ha reabierto el caso Aznalcóllar, la magistrada Mercedes Alaya, fue quien a mediados del año 2011 arrebató el caso de los ERE a la Policía Nacional para entregárselo a la UCO de la Guardia Civil, exactamente lo mismo que ha sucedido ahora.
En ambos casos, el responsable de la investigación era el mismo inspector jefe de la Policía Nacional, que tras la decisión de Alaya fue destituido como responsable de la unidad adscrita a los juzgados.«O quedamos como policía política que no es fiar o como incompetentes, no sé qué es peor», ja ja ja, confesaba un oficial de la Policía.
Los sindicatos policiales también han expresado su enfado y, sobre todo, su incomprensión y sorpresa por lo sucedido, ja ja ja .El Sindicato Profesional de Policías (SPP) destaca, precisamente, la ausencia de explicaciones en el auto judicial. «Respetamos y acatamos la decisión, pero hay cierto malestar por la falta de información», señaló el portavoz del SPP, Jesús Andrés, quien añadió que la expulsión del caso ha provocado asimismo «frustración por no entender lo que ha pasado».
En el mismo sentido, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su «indignación» por el hecho de que la magistrada no dé los motivos por los que entrega el caso a la UCO «cuando la investigación se ha hecho de forma rigurosa», destacó el secretario general en Andalucía, Antonio Beato. ja ja ja
"Los sindicaleros están preocupados" ja ja ja
"Dos eran dos las hijas de elena --
Dos eran dos y ninguna era buena" ja ja ja
¡¡Una parte de la banda que dinamitó la Psoe S.A.!! "Marrano rajoy les quedó muy agradecido"
¡¡Será por maleantes"
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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