Los malos en mi blog castigados cabeza abajo
El presidente y directivos de la patronal andaluza CEA empapelados por mangar
Andalucia camina hacia la limpia de sus Instituciones. Ardua tarea, que deberia concluir con la devolución de lo robado y la entrada en la carcel de todos los ladrones.
La asignatura pendiente, son dos pozos negros-negros: Canal Sur y el SAS. En el caso de la Sanidad Andaluza, el sector ladrillo. El saqueo es de tal calibre, que puede superar el 20% del PIB. 35 años dan para mucho
La juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía , Santiago Herrero, y a otros directivos de la CEA, además de a los máximos dirigentes de la promotora Dolmen Consulting en el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por siete empresas suministradoras de la promoción de vivienda protegida Isbylia, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa , vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
La juez había admitido a trámite la denuncia y había incoado diligencias previas tras dicha denuncia, por lo que ahora ha dictado una providencia en la que llama a declarar a partir de marzo de 2014 a Herrero y varios directivos de la CEA, así como a los responsables de Dolmen, según indicaron a Europa Press fuentes del caso y adelantó este viernes 'Diario de Sevilla'.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenro, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos, y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting.
Más sobre mangantes:
La Juez Alaya procesa al portavoz de IU por la venta de suelos de Mercasevilla
La juez Mercedes Alaya ha concluido este viernes la fase de instrucción del caso de la venta supuestamente fraudulenta de suelos de la sociedad pública Mercasevilla. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha procesado a 15 personas, entre las que destaca Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde y actual portavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense. Les acusa de haber cometido los delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad por, entre otras cosas, amañar supuestamente un concurso público para favorecer a una filial de la constructora Sando. Ahora la fiscalía se pronunciará sobre la petición de penas para los acusados o si apuesta por sobreseer la causa.
Alaya ya intentó a principios de mes dar por terminada la instrucción de esta rama del caso Mercasevilla. Pero la magistrada cometió un error en la forma de poner el punto final. La fiscalía tuvo que advertirle de que no podía transformar las diligencias previas en sumario, dada la entidad de los delitos y las penas que acarreaban. Así que la juez ha corregido este viernes el fallo —en los últimos días ha cometido alguno más en las múltiples causas que maneja— y ha dictado un auto en el que convierte las diligencias previas en procedimiento abreviado, como le había indicado el ministerio público.
Esta rama del caso Mercasevilla —en la que también han resultado procesados el exconcejal del PSOE y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo y los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Angel Millán— se remonta a 2006. Según la magistrada, los acusados pusieron en marcha una "maquinaria para conseguir un concurso a la medida de Sanma [filial de Sando]". Para cimentar ese "concurso fraudulento" se aprobó un pliego de condiciones que beneficiaba a esta empresa, según la tesis de Alaya. Entre las cláusulas que se fijaron una hacía referencia a la "limitación al alza", es decir, que se establecía un techo. Alaya apunta a que la cláusula estaba "dirigida a penalizar extrañamente las ofertas superiores". Sando ganó el concurso por 106 millones, pese a que otra constructora del grupo Noga ofreció 158 millones.
A aquel concurso se presentaron ocho sociedades. "Algunas de ellas", según Alaya, "tenían relaciones internas entre sí y con Sando". La magistrada interpreta además que, con sus ofertas, "indiciariamente todas las licitadoras, salvo Sanma, se excluyeron a sí mismas".
Lo que Mercasevilla conseguiría a cambio era "estabilidad económica", ya que esta empresa pública participada por el Ayuntamiento de Sevilla atravesaba momentos complicados. "Sanma se convertiría en el banco de Mercasevilla, ofreciéndole en base a la futura compraventa de los terrenos y adjudicación de la nueva sede, la estabilidad económica que precisaba".
En la fase de preparación de aquel concurso Alaya implica a Rodrigo Torrijos —que ya ha anunciado que dejará su acta de concejal antes de que acabe este año— y al exedil socialista Gonzalo Crespo. También, a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Jorge Piñero, junto a Domingo Enrique Castaño, exasesor del último alcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. A María Victoria Bustamante, jefa de servicio de Vía Pública, y el técnico Antonio Ripollés, la juez les señala como "instrumentos para conseguir un pliego a la medida de Sando".
La juez también procesa por prevaricación a los responsables de Sanma Luis Sánchez Manzano, José Luis Miró Morales y José Luis Sánchez Domínguez, imputado asimismo en el caso Gürtel por comisiones ilegales.
A los 15 procesados —salvo a los técnicos de Urbanismo María Isabel Evans y Miguel Ángel Millán— la juez les acusa también de "asociación ilícita", al entender que se habrían organizado "con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura" de Castaño y Mellet para cometer los delitos que se les achacan.
Fuera de esta causa, que llegó a contar con 18 imputados, la magistrada deja a tres personas a las que previamente había señalado. Una de ella es la exdirectiva de Mercasevilla Pilar Giraldo, de la que Alaya dice que tuvo una “puntual participación en la mesa de contratación, limitándose a recibir las valoraciones de los técnicos”. También retira la imputación a los técnicos municipales José Manuel Ferrera y Alfredo Delmo.
Para comparar los presos de todas nuestras carceles (unos 70.000.-), con los maleantes que "sostenemos" en nuestras Instituciones, habia que multiplicar por quinientos. Y me quedo corto. Puaff
Angel Velazquez
esmarcon@hotmail.es
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