Esto es lo incautado una vez detenidos los maleantes. Calderilla
Esta es la penultima: malditos sean
El segundo Plan E de zapatero y rajoy: otro nido de irregularidades, chanchullos y maleantes
La mayoría de la obra pública no generó ni un solo puesto de trabajo, y más de la mitad de los proyectos ni siquiera estaban justificados debidamente. HdP
Solbes, Salgado, Montoro: malditos sean
Si la primera auditoría del Plan E supuso un duro golpe a los defensores de las políticas de estímulo, la evaluación de la segunda fase resulta aún es más demoledora. De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, el 42% de los contratos se adjudicaron "a dedo".
Ya está disponible la auditoría del segundo Plan E aprobado por la anterior Administración Zapatero, y lo cierto es que el informe no deja títere con cabeza. De acuerdo con la fiscalización del Tribunal de Cuentas, el polémico plan de estímulo económico estuvo marcado en su segundo capítulo por la falta de transparencia y la escasa utilidad de los proyectos ejecutados.
La iniciativa, aprobada en octubre de 2009, movilizó un total de 5.000 millones de euros, canalizados a través del llamado "Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local". De acuerdo con la auditoría ahora presentada, el 42% de los recursos públicos destinados al programa fue adjudicado "a dedo", mediante procedimientos en los que la opacidad de las Administraciones fue la norma. Hablamos, pues, de 2.100 millones de euros que contaron con nula o escasa publicidad.
Sin embargo, el ente auditor va más allá y afirma, además, que casi en el 90% de los expedientes del segundo Plan E no se justificaron los criterios escogidos para licitar las obras o servicios encomendados a los proveedoras correspondientes. En este sentido, no sorprende que el 56% de las adjudicaciones "no acreditase la necesidad pública de inversión", algo que violaría el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Nula creación de empleo "solamente saqueo de tu dinero y el mio"
El Tribunal de Cuentas destaca también que, aunque la creación de nuevos puestos de trabajo fue una de las principales razones por las que el Ejecutivo español impulsó este programa de gasto público, los datos muestran que el segundo Plan E apenas alteró las listas del paro. Así, el 43% de los proyectos incluidos en el programa de estímulo del gobierno socialista no generó ni un solo puesto de trabajo.
El descontrol fue tan significativo durante el desarrollo del segundo Plan E que un 13% de las empresas que aseguraron a las Administraciones Locales que contratarían a trabajadores sin empleo acabaron omitiendo esta promesa y violando así el acuerdo establecido con los Ayuntamientos.
Por otro lado, en regiones como Castilla y León, Navarra, La Rioja, Baleares, Aragón y País Vasco más del 50% de las adjudicaciones no llevaron parejo ningún tipo de compromiso de contratación de nuevos trabajadores, a pesar de que este era un objetivo central del Gobierno.
Llueve sobre mojado "a punto de inundación"
Cierto es que ninguna de esta revelaciones sorprenderá a quienes siguieron de cerca la fiscalización del primer Plan E. Según la auditoría del Tribunal de Cuentas, el anterior Ejecutivo socialista movilizó entonces más 8.000 millones de euros a través del Fondo Estatal de Inversión Local, pero apenas el 4% de los trabajadores contratados para estos servicios mantenían su empleo en 2011.
Según el PSOE, el programa iba a suponer 420.000 nuevas contrataciones, si bien la cifra final se quedó en 201.000 personas. A largo plazo, el Gobierno esperaba que la iniciativa generase 271.000 empleos permanentes, aunque la cifra disponible a finales de 2011 solamente llegaba a 8.000 personas.
Esto significa que, tras un gasto total de 8.000 millones de euros, las Administraciones solamente generaron 8.000 empleos no temporales. Por tanto, cada puesto de trabajo estable fue ligado a un gasto aproximado de un millón de euros. Para colmo, el Tribunal de Cuentas también subrayó entonces que siete de cada diez proyectos financiados no acreditó la "necesidad de inversión pública".
Fijándonos en todos los empleos creados por el primer Plan E, el coste para el contribuyente por cada contratación temporal o indefinida osciló entre los 40.000 y los 50.000 euros. Peor aún fue el desempeño del "Plan Ingenio 2010", una iniciativa paralela que, a cambio de un desembolso de 3.000 millones de euros, supuso un subsidio equivalente a 100.000 euros por cada contrato generado.
Esto es España señores. Malditos sean
Ahora resulta que su maxima preocupación es el tabaco de contrabando. HdP
¡Montoroooooo!. Sabes muy bien quien blanquea el dinero negro, incluido el de la droga. Son los bancos so torpe. ¿O no?. Los mismo que os "perdonan" los creditos
Hoy lo publica el diario El Mundo:
Un despacho conecta la trama de Ojeda con la de las facturas falsas
El ex consejero tuvo cuatro sociedades domiciliadas en el bufete clave del 'caso Macarena'
La empresa luxemburguesa Compagnie Générale de Schengen, de la que el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda adquirió un 20%, está conectada con el despacho clave en la trama de las facturas falsas del distrito Macarena, que en 2005 removió los cimientos del Ayuntamiento de Sevilla.
Como adelantó ayer EL MUNDO, Ojeda utilizó en 1997 dos empresas españolas para adquirir al menos 200 de las mil acciones de Compagnie Générale de Schengen. Una de ellas, Construcciones Reunidas Rogasa, está domiciliada en el bufete que conectaba a 13 empresas de la trama de las facturas falsas del distrito Macarena. La otra empresa mediante la que invirtió en Luxemburgo, Gilgan, tenía como apoderado al abogado de dicho despacho, que fue además letrado de Pepe Pardo, uno de los dos condenados a la postre por aquel escándalo de corrupción y que estuvo también implicado en el caso Juan Guerra.
El despacho en cuestión estaba y está situado en el edificio de oficinas Fórum, en el barrio de Nervión, a unos 200 metros del estadio Sánchez Pizjuán, y el abogado que lo regentaba era y es José Luis Ortiz Valverde, junto con otro socio.
Al menos cinco empresas de Ojeda estuvieron relacionadas con ese despacho clave en el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla. Cuatro sociedades del ex consejero de Hacienda y Planificación de la Junta de Andalucía tuvieron allí su sede social: la citada Construcciones Reunidas Rogasa, Asesoramiento y Estudios Aplicados, Ferretería Arenas Sur y Mobiliario y Mamparas del Sur. La quinta es Gilgan, domiciliada en la vivienda particular de Ojeda, pero apoderada por el abogado Ortiz Valverde.
La trama de las facturas falsas
El Partido Andalucista (PA), entonces en la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla y hoy prácticamente desaparecido del mapa político, destapó el escándalo de las facturas falsas al denunciar que el Consistorio pagó en 2003 por la demolición de unos edificios en el distrito Macarena que seguían en pie. Las facturas correspondían a una empresa denominada Contratas y Obras Sevilla y se pagaron a un tal José Pardo.
En los días y semanas posteriores a la denuncia del PA se descubrió que Pardo había cobrado las facturas falsas el día que empezaba la campaña electoral de las municipales y que en esa misma campaña ejerció de escolta en los mítines del candidato socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de la capital entre 1999 y 2011.
Pardo cobró 28 facturas en nombre de una empresa de la que no tenía poderes y que, además, lo había demandado por suplantación. En aquel pleito, que no se terminó de instruir porque el denunciante desistió cuando comenzaron a salir noticias de contrataciones irregulares en el distrito Macarena, Pepe Pardo estuvo asistido por el abogado Ortiz Valverde.
EL MUNDO desveló la existencia de una trama de al menos 13 empresas que facturaban al distrito Macarena mediante contrataciones a dedo y que tenían su sede en el despacho de este abogado o que habían sido representadas por él.
Aquello no fue nunca objeto de investigación judicial. Ni aquel abogado ni muchos de los empresarios vinculados a su despacho fueron llamados a declarar como testigos.
Ángel Ojeda desembarcó en el despacho del edificio Fórum en 1994. El 15 de abril de ese año se inscribió en el Registro Mercantil el traslado de las cuatro sociedades que tenía domiciliadas en dicha sede.
El esquema de este entramado de empresas del edificio Fórum era el siguiente: el ex consejero de Hacienda y Planificación de la Junta de Andalucía era el socio único de Gilgan, apoderada entre otros por José Luis Ortiz Valverde. Esta sociedad era, a su vez, la socia única de Construcciones Reunidas Rogasa y de Asesoramientos y Estudios Aplicados, domiciliadas en el bufete. Esta última sociedad era la dueña de Ferretería Arenas Sur y Mobiliario y Mamparas del Sur, también establecidas allí.
¡Y lo blanqueo!
El abogado Ortiz Valverde ha asegurado a EL MUNDO que sólo fue asesor y abogado de Ojeda en Gilgan para presentar demandas a clientes de telefonía móvil que incumplían la permanencia. Negó tener conocimiento de ninguna empresa en Luxemburgo y aseguró que Ojeda dejó de ser cliente suyo hace «14 o 15 años», ya que montó «una empresa de prevención, seguridad e higiene y eso era incompatible con el despacho», ya que ellos prestaban ese servicio. Y así 35 años
Pepe Pardo y Juan Guerra
La instrucción del 'caso Juan Guerra' a cargo del juez sevillano Ángel Márquez reveló que José Pardo era uno de los visitadores más asiduos del despacho 'oficial' del hermano del ex vicepresidente en la Delegación del Gobierno de Andalucía. Era tal la frecuencia de sus visitas, que su nombre aparecía anotado en el libro de registro como 'Pepe'. Pardo fue socio de Darom SA, una consultora clave en la rama valenciana del 'caso Juan Guerra'. El juez Márquez investigó la conexión entre Darom y Costa Doñana, participada por Francisco Palomino, cuñado de Felipe González; el abogado Jesús Bores, amigo del ex presidente, y el consejero delegado de la Expo'92, Jacinto Pellón.
Una vez mas digo: Tenemos mas ladrones en las Instituciones que en todas las cárceles juntas
Malditos sean
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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