Uno de los policías encarcelados en Cartagena presumió ante un compañero de su arma ilegal
Las conversaciones captadas por los micrófonos que se colocaron en los coches patrulla para esclarecer la muerte del vecino de Las Seiscientas, un barrio marginal de Cartagena, sirvieron de pista. En la charla que mantuvieron el 19 de jnio mientras patrullaban de madrugada (a las 2:37 horas) dos de los agentes encarcelados J. A. C. G. y J.L.S.A., el primero de ellos se jacta de tener en su mano una pistola antigua y sin registrar para hacer los “trabajos sucios”. Lo que sigue es un tramo de la conversación con la transcripción literal llevada a cabo por el equipo de investigación de Asuntos Internos que ha sido incorporada al sumario
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“Lo llevamos a la playa para que se le quitara la paranoia”
J.A. De esas del nueve corto quiero yo balas.
J. L. ¿Te, te valen paara el revólver?
J.A. Para otra pistola que... (ininteligible).
J. L. Para allí para el campo, ¿no?
J. A. Esa es la pistola para hacer los, el trabajo sucio, nene. Una pistolica que tengo yo ahí... full, full equipe. Es de la Guerra Civil, así estilo nazi.
J. L. La tienes sin papeles ni...
J. A. Y ¡eso qué papeles ni capullo va a tener! Eso lo meten en la Base y ha sido Franco el que ha disparado. Ha sido Primo de Rivera el que ha matao a este tío. (Bosteza).
Cuando fue interrogado por sus compañeros de Asuntos Internos el 6 de octubre a las 23 horas en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, J.A.G.C. negó no solo que dispusiese de arma alguna distinta a la reglamentaria sino también que hubiera contado a su compañero de turno que la pistola era suya.
Según figura en su declaración ante la policía incorporada al sumario, el agente arrestado “declaró que su padre está en posesión legalmente de un [revólver] 9 corto, que era de su abuelo y que en algún momento leg ustría que pasase a su propiedad”.
Ante la juez, dos días más tarde, repitió ese relato. Pese a ello el auto de prisión le atribuye la posesión ilícita de armas junto a los delitos de homicidio y detención ilegal que se le imputan a sus cinco compañeros.
Los micros colocados en los coches patrulla captaron también una agresión del mismo agente, J.A.G.C a un pequeño traficante de drogas y su plan para dar una paliza a un indigente que aparca coches en Cartagena a cambio de propinas.
Los detenidos en la primera manifestación del 15M se enfrentan a 74 años de cárcel
La Fiscalía pide penas de cárcel para 14 de los 19 detenidos en la marcha que fue origen del movimiento. Según el abogado de algunos de los acusados, Servando Rocha, se trata de unas penas desproporcionadas y tienen un interés “ejemplarizante”.
De las 19 personas detenidas el 15 de mayo de 2011 en la manifestación que fue origen del movimiento 15M, 14 de ellas enfrentan penas de 74 años y tres meses de cárcel según ha pedido la Fiscalía.
Unas 3.000 personas acudieron a la marcha desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol convocadas por ‘Democracia Real Ya’ y ‘Juventud sin futuro’. A su término, sobre las 21 horas, “unas 300 personas trataron de provocar altercados con las fuerzas policiales allí presentes, arrojando contra ellos objetos contundentes, colocaron barricadas, destrozaron mobiliario público, escaparates, vidrieras de establecimientos comerciales, llegando hasta la Gran Vía a la altura de Callao, donde cortaron el tráfico”, según informa Europa Press.
Finalmente, fueron detenidas 19 personas, una de ellas era menor de edad en el momento de los hechos. La causa judicial de otros cuatro ha quedado archivada durante la instrucción. Ninguno de los 14 imputados restantes, con edades comprendidas entre los 18 y 16 años, tiene antecedentes penales y fueron acusados por distintos delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia, faltas lesiones y atentado a agente de la autoridad.
Diez de ellos se enfrentan a 6 años de cárcel, además de las indemnizaciones e inhabilitaciones en cada caso
En su escrito ante el Juzgado, la fiscal pide en todos los casos, salvo para uno, penas superiores a dos años de cárcel, pena mínima para entrar en prisión sin antecedentes una vez condenado. Además, diez de ellos se enfrentan a 6 años de cárcel, además de las indemnizaciones e inhabilitaciones en cada caso.
Así lo expone el fiscal en su escrito remitido a los Juzgados de Instrucción número 40 de Madrid. Añade que en ese grupo de 300 alborotadores están las personas que resultaron detenidas por diferentes circunstancias.
Por ejemplo, uno de ellos, D.M.R., está acusado de arrojar una botella de cerveza grande contra los agentes, sin causar heridas, quemar y patear papeleras y levantar una tapa de alcantarilla y tirarla contra un comercio. Le pide un año y medio de cárcel por desórdenes públicos y otro año por daños.
Pero a la mayoría de los arrestados, el Ministerio Fiscal pide para seis años de cárcel. Éste es el caso de F.R., por lanzar dos botellas de cristal a los agentes que protegían el edificio de la Comunidad de Madrid. Está acusado de un delito de desórdenes públicos y ocho delitos de atentados a agentes de la autoridad.
Es la misma pena que solicita para G.P.R., que siguiendo el escrito, lanzó objetos contra los agentes actuantes, estorbaron el paso con una barricada hecha con vallas metálicas y contenedores de basura y tratando de volcar un coche. Luego, este joven supuestamente se abalanzó contra un agente, golpeándole en la cabeza; y a otros, patadas y puños.
Asimismo, la fiscal pide 6 años de cárcel por la misma tipología delictiva para A.D.V. y L.M.U.R. por cortar el tráfico en Callao y comenzar a tirar objetos a los agentes, entre ellos una silla metálica, sin que impactara a ninguno de los agentes.
La pena más baja solicitada es para D.G.S. por, presuntamente, lanzar objetos hacia los agentes y prender fuego a los cartones que contenían las papeleras situadas en la calle Valverde. Le acusa sólo de desórdenes públicos.
El abogado de dos de las personas imputadas, Servando Rocha, considera que estas penas son desproporcionadas y tienen un interés “ejemplarizante”, habida cuenta de que la detención de estas personas desencadenó el germen del movimiento 15M. De hecho, es esta fecha de la que recoge el nombre.
La manifestación del 15 de mayo de 2011 fue comunicada y autorizada por la Delegación de Gobierno en Madrid
El germen del 15M
La manifestación del 15 de mayo de 2011, a una semana de las elecciones municipales y autonómicas, fue comunicada y autorizada por la Delegación de Gobierno en Madrid. Llevaba el lema ‘No somos mercancía en manos de políticos y banqueros’ y ‘Lo queremos todo y lo queremos ahora’.
Tras el éxito de la marca, con el objetivo de mantener las protestas y en apoyo de los detenidos, unas 80 personas acamparon esa noche en la Puerta del Sol de Madrid. A primera hora del 17 de mayo fueron desalojados por la Policía.
Este hecho generó una movilización general de apoyo a los acampados, movida sobre todo a través de las redes sociales. La masiva concentración derivó en una nueva acampada en Sol y en otros lugares de España, que esta vez no fue desalojada pese a la oposición de la Junta Electoral de Madrid.
Los ‘indignados’ realizaron durante meses asambleas y grupos de trabajo, en los que debatían problemas de la ciudadanía y aportaban soluciones consensuadas. Este movimiento comenzó a llamarse 15M y ha continuado como tal, pero con menos apoyo que en su origen, pese a que la acampada de la Puerta del Sol fue desalojada por la Policía en agosto de ese mismo año.
El fiscal pide sólo 4 años de prisión para Flores por la tragedia del Madrid Arena
La Fiscalía de Madrid ha presentado este lunes su escrito de acusación en el caso Madrid Arena, en el que solicita penas de entre tres y cuatro años de cárcel para catorce de los procesados, entre ellos para el organizador de la fiesta mortal, Miguel Ángel Flores.
En el escrito, al que tuvo acceso EP, se detallan las peticiones de pena por cinco homicidios imprudentes graves, en concurso ideal con dieciséis de lesiones, así como dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. Durante el mes de octubre, las acusaciones particulares han presentado sus respectivos escritos después de que el juez Eduardo López Palop procesara a dieciséis personas, entre ellos el exjefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo.
En el caso de los abogados de las víctimas, se reclaman penas de 15 y 20 años de prisión. Para Flores, reclaman 20 años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, penados con el máximo de cinco años. La fiscal relata en el escrito la cronología de los hechos sucedidos la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena, una noche que acabó con el fallecimiento de tres jóvenes y otras dos los días posteriores debido a las avalanchas provocadas por "la aglomeración de personas" en los vomitorios.
Sobre la actuación médica, la representante del Ministerio Público carga contra los Viñals por faltar a "las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria" a las que tenían obligación como el hecho de no utilizar un desfibrilador ni tratar de obtener el acceso a las vías vasculares ni administrar fármacos, entre otras prácticas.
Destaca que ambos realizaron "insuficientes y deficientes compresiones torácicas" sobre dos de las jóvenes que llegaron a la enfermería, "omitiendo varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad". En el escrito no se menciona a Monteagudo. Sin embargo, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ya solicitó que se levantara su imputación al estimar que el macrobotellón del exterior del recinto no influyó en lo que sucedió en el interior, algo que se debió a la falta de seguridad.
Petición de penas
La mayor pena de la Fiscalía de Madrid se solicita para Flores, con una solicitud de cuatro años de cárcel y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Para el resto de procesados, reclama tres años de prisión. Entre estos figuran, el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, y un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo.
También se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros.
La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec. La Fiscalía solicita para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, dos años y seis meses de cárcel por dos imprudencias graves, así como una inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico durante seis años.
En cuanto a las indemnizaciones, la fiscal pide que se realicen de forma conjunta y solidaria entre los catorce procesados. Para los familiares de Katia Esteban, Cristina Arce, Belén Langdon, y María Teresa Alonso, solicita que indemnicen a los padres con 173.990 euros por el daño moral y a sus hermanos, con cantidades como máximo de 164.500 euros. En el caso de los familiares de Rocío Oña, se pide que se abone a los padres 243.587 euros.
Esta es la España de marrano "el maula" PP y perro sanchez Psoe. Malditos sean
Lo de PODEMOS está por ver. Lo de la casta, está mas claro que el agua. HdP
¿Tiene F6º algo que decir? Puaff
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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