¡¡Casta pura y dura!!
El Ayuntamiento de Madrid eleva a la Fiscalía Anticorrupción indicios de corrupción en la empresa mixta Mercamadrid
Gallardón y la Botella bajo la lupa de la Justicia
La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, presentan esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción lo que el equipo de Manuela Carmen considera “indicios de corrupción en Mercamadrid”.
Tras la filtración de un preinforme de la Cámara de Cuentas que apuntaba a que Ana Botella incumplió “las más elementales” normas de la buena gestión en la venta de pisos protegidos a fondos buitre, los mandatos de la exalcaldesa y Alberto Ruiz-Gallardón son hoy cuestionados por segunda vez en la misma semana.
El área Económica de Ahora Madrid informó el pasado mes de febrero que investigaba antiguos contratos de Mercamadrid por irregularidades que conllevan pérdida de beneficios de la entidad mixta. La sociedad asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial bajo el mandato de Alberto Ruíz-Gallardón. “Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria”, apunta el escrito presentado. Las naves “no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual de Mercamadrid”, señala la denuncia.
“Si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad”, detalla el documento, lo que “es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio”.
En la denuncia se ponen en conocimiento de la fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. “En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados. Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadird por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad”, señala el documento.
"Hay unas instalaciones cerradas por las que se tiene que pagar una renta hasta 2032. ¿Eso no es una irregularidad? En mi casa sí", denunciaba el concejal de Economía en febrero. Se refería a unos contratos para de alquiler sobre los que Mercamadrid acabó firmando un acuerdo extrajudicial ante una demanda de la contratista que, según Sánchez Mato, cuesta más de 620.000 euros al año a la sociedad.
Gasto que hay que sumar a los más de 300.000 euros que, también según la contabilidad interna de la empresa pública, costó poner su primera piedra. “Es cuestionable”, denunciaba el equipo de Carmena. “También resultan poco razonables otras facturas relativas a regalos y gastos representativos”.
El consistorio maneja un informe que sostiene que la empresa mixta amplió en 2004 unas instalaciones que han tenido “nula utilidad” y que sin embargo costaron 77 millones de euros. La empresa ocultó la amortización de la obra para simular mayores beneficios, según informaba El País. También se supo que gastos como 137.000 euros en restaurantes de lujo o la costosa primera piedra en la época de Gallardón se contabilizaron como “inversiones”.
En el escrito, el consistorio pide a la fiscalía que “teniendo por formulada la presente denuncia y por aportados los documentos que se acompañan, admita la presente denuncia y se sirva practicar las diligencias de investigación precisas para la comprobación de los hechos, por si fueran constitutivos de uno o varios delitos”.
Además, la gestión de Mercamadrid ocupará previsiblemente una de las primeras sesiones de la comisión no permanente de investigación de la deuda, contrataciones y políticas públicas, según informa el equipo de Carmena. “Mercamadrid es una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid por su función social y su gran importancia como motor económico de la ciudad. Por ello es necesario emprender todas las acciones necesarias para esclarecer dudas sobre la gestión y los comportamientos inadecuados de la sociedad, que hayan podido perjudicar a la ciudadanía”, denuncia en un comunicado el Gobierno de la capital.
Dios los cria y los billetes de 500€ les "arrejunta"
Borja y el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa son dos de los españoles cuyo nombre aparece involucrado en los llamados Papeles de Panamá.
Según los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con un centenar de medios de 77 países -El Confidencial y La Sexta en España-
Blesa tuvo poderes sobre una sociedad creada con Mossack Fonseca y el hijo de la baronesa Thyssen usó los servicios de dicha empresa para registrar en Las Vegas (Nevada, EEUU) la sociedad Gobrach LLC. en diciembre de 2006.
Blesa, presidente de Caja Madrid hasta 2009, tuvo durante algo menos de un año poderes en Danforth Investments, creada en 1989 en las Islas Vírgenes, considerado un paraíso fiscal.
Meses antes de que se le concediera el poder a Blesa, Danforth compró el 45% del capital social de la sociedad española CANSA (Construcciones Aeronavales SA).
Posteriormente, la sociedad realizó importantes inversiones en España. Blesa está imputado en causas que investigan irregularidades relacionadas con la gestión de Caja MadridEn cuanto a Gobrach, la sociedad de Borja Thyssen, tenía cuentas en Andorra y es una de las que Hacienda investiga en su denuncia contra Borja Thyssen por fraude fiscal.
Al parecer, la sociedad creada en Nevada se utilizaba para manejar cuentas en Andorra. Los papeles muestran movimientos entre Thyssen, Mejías y el intermediario,
Thomas Shortt, para crear Gobrach entre 2006 y 2007. En esas fechas tuvo lugar el matrimonio de Borja Thyssen con Blanca Cuesta.
La pareja disfrutó en esa época de muchos ingresos debido a las exclusivas vendidas tanto de la boda como del nacimiento de su primer hijo. Shortt, cliente de Mossack Fonseca desde 1998, ha constituido con ellos 55 sociedades, según los documentos flitrados.
La Agencia Tributaria española lleva años investigando a Borja Thyssen.
Pretende determinar su auténtica residencia fiscal para saber si el hijo de la baronesa está obligado a tributar en España.
Hay dos procedimientos abiertos contra él por fraude fiscal, ya que al parecer ocultó sus rentas de 2007 argumentando que vivía en Andorra. Thyssen facilita a Mossack Fonseca una dirección en Andorra, pero desde 2012 consta la de Madrid.
¡¡Son casta puros castuzos!!
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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